No hubo ni la más mínima referencia -y juraría que en todo el debate ni siquiera se pronunció la palabra “cultura”, al menos en el sentido en que la entendemos en Siete Revueltas-, y ello a pesar de que tiempo había (dos horas y media de debate), pero los candidatos prefirieron gastarlo en remarcar sus ideas básicas de campaña, repitiéndolas una y otra vez. Lo más parecido a una referencia a la cultura fue el guiño de Pablo Iglesias a la película ‘Sopa de ganso’ (“¡Y tres huevos duros!”).
Así que como ellos decidieron dejar la cultura al margen y no explicaron sus programas electorales, lo haremos nosotros, analizando las propuestas y promesas que aparecen negro sobre blanco en los documentos de los cuatro grandes partidos políticos. En esta primera tanda, trataremos el IVA cultural, el Estatuto del Creador (o como quieran llamarlo), la Ley de Mecenazgo y la reforma de las instituciones culturales.
IVA CULTURAL
La reducción del tipo del IVA (actualmente en el 21% excepto para libros y revistas) es una de las iniciativas largamente demandadas por la industria cultural en nuestro país. En septiembre de 2012 se subió el tipo para los productos culturales generales desde el 8% al 21% -la industria esperaba una subida razonable hasta el 10%-, lo que supuso un freno al consumo de la cultura en España, un sector ya muy tocado desde el inicio de la crisis. Ahora todos los partidos, menos el PP, abogan por reducir el IVA.
PP: En su programa electoral, el PP sólo se compromete a mantener el actual tipo súper reducido del 4% para los libros y revistas. Para todo lo demás, Mariano Rajoy parece seguir la filosofía vital de Bartleby el escribiente: “Preferiría no hacerlo”.
PSOE: Nada más llegar al gobierno, el PSOE promete bajar el IVA cultural del 21 al 10%, para acto seguido intentar armonizar los impuestos culturales en la UE con tramos inferiores al 10%. A partir de aquí, y con expresiones un tanto confusas, el PSOE deja en manos de la UE una promesa con pocos visos de hacerse realidad: la bajada hasta el 4% de todos los productos culturales.
Ciudadanos: El partido de Albert Rivera apuesta por reducir de inmediato el IVA cultural del 21% al 10%. Dado que en su programa electoral no se dice nada sobre el IVA cultural del 4% para libros y revistas, otros partidos, en especial el PP, han interpretado que ello supondría la subida del impuesto súper reducido hasta el tipo del 10%.
Unidos Podemos: Pablo Iglesias también se remite a la UE, pero deja clara en su ya famoso catálogo de Ikea la promesa de bajar de inmediato el tipo cultural del 21% al 10%.
ESTATUTO DEL CREADOR
Por fin, un punto de acuerdo entre todos. Los cuatro grandes partidos apuestan -con diferentes nombres y propuestas, eso sí- por crear una nueva figura que ampare y proteja los derechos de los creadores de productos culturales, un colectivo que por su propia singularidad se enfrenta en la actualidad a numerosos problemas para los que no existen soluciones fáciles con la normativa actual.
PP: El Partido Popular llama a esta figura el Estatuto del Creador, pero no entra en detalles sobre los derechos y deberes que incluiría ni cómo se implantaría. Iría acompañado por una nueva Ley de Economía Creativa que sí incluye al menos una propuesta concreta: facilitar el acceso a la financiación de los creadores culturales.
PSOE: El Estatuto del Artista es el nombre elegido por el PSOE para reconocer la singularidad de los trabajadores culturales, pero no va mucho más allá. Pedro Sánchez incluye una serie de promesas vagas y sin concreción, entre las que se cuentan la conciliación y la igualdad laboral, pero pone el acento en una promesa que ha captado un cierto interés en los últimos tiempos: se compromete a hacer compatible la percepción de la jubilación con los ingresos por derechos de la propiedad intelectual, algo en lo que coincide con Ciudadanos.
Ciudadanos: Ni creador ni artista, sino ambas cosas. Ciudadanos propone llamar a esta nueva figura el Estatuto del Artista y el Creador, pero parece que después el partido de Albert Rivera se quedó sin ideas. Aparte del punto en que coincide con el PSOE y una vaga referencia a “medidas de protección y particularidades fiscales”, no hay nada más en el programa de Ciudadanos para hacerse una idea de sus intenciones.
Unidos Podemos: El partido de Pablo Iglesias es, con diferencia, quien más ha desarrollado la figura que ellos llaman Estatuto del Artista y del Profesional de la Cultura. En su programa se incluyen medidas concretas de actuación (si bien algunas se encuentran también contempladas en las medidas genéricas para otros trabajadores), entre otras: la liquidación de impuestos en el momento del cobro de los servicios y no al emitir la factura; la reforma del Impuesto de Actividades Económicas para dar cabida a la realidad de los trabajadores culturales intermitentes; la creación de un régimen específico de la Seguridad Social para estos mismos trabajadores; la reforma del sistema de autónomos para que no tengan que estar continuamente con altas y bajas y el pago de cuotas proporcional a los ingresos; o las reformas del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Cooperativas para dar cabida a los intereses de los trabajadores culturales.
LEY DE MECENAZGO
La tan cacareada Ley de Mecenazgo lleva años durmiendo en los cajones. PP y PSOE nunca se pusieron de acuerdo (Ciudadanos y Podemos han tenido poco que decir al respecto, al menos hasta ahora) y al final todo se quedó en una mera ampliación de los incentivos económicas para las empresas y particulares que realizaran donaciones en el ámbito cultural, incluida en la reforma fiscal de 2014. Pero si todo el mecenazgo se reduce a los aspectos económicos, en realidad no necesitamos una ley específica, porque para ese viaje no necesitamos tales alforjas -y, dicho sea de paso, se trataría de una visión tremendamente ciega, valga el oxímoron, de lo que es el mundo de la cultura-. El patrocinio cultural es algo -mucho- más que una reducción de impuestos para las grandes fortunas, y en eso parecen estar de acuerdo todos los partidos políticos, que abogan en sus programas por la creación de una Ley de Mecenazgo (salvo el PP, que ni siquiera la menciona). Otra cosa es el cómo se haga y lo que debe incluir.
PP: Quizás escarmentado por el fracaso de la tan aireada Ley de Mecenazgo, el PP elude siquiera mencionarla y se limita a apuntar un indefinido Plan de Mecenazgo y a su intención de que los fondos privados se destinen a proyectos concretos.
PSOE: La propuesta del PSOE para la nueva Ley de Mecenazgo es muy escueta y se centra exclusivamente en los aspectos económicos del mecenazgo: desgravaciones en el IRPF y en el Impuesto de Actividades Económicas (mayores cuanto más tiempo se mantenga el apoyo a la cultura) y recoger los diferentes métodos de crowdfundig tan populares hoy en día. Y punto final, no hay nada más en el programa del PSOE sobre el mecenazgo.
Unidos Podemos: La Ley de Mecenazgo, en realidad, queda en segundo plano en el programa de Podemos. Su propuesta estrella en este ámbito, con una gran carga ideológica, radica en la creación de un Fondo Social de la Cultura gestionado por el Ministerio de la Cultura con la participación de agentes sociales de nueva creación. La intención es que el patrocinio cultural vaya destinado a una especie de caja común, que se nutriría de varios fondos: el 18% de los impuestos por transmisiones culturales; el 1,5% ya existente en la Ley de Patrimonio Histórico que obliga a destinar esa cantidad de todos los proyectos de obra pública para patrimonio o actividades artísticas (actualmente lo gestionan los Ministerios de Cultura y Fomento); aportaciones voluntarias de particulares y empresas (es decir, el mecenazgo en sí mismo); una nueva casilla en el la declaración del IRPF (sin aclarar el porcentaje, pero es de suponer que Podemos la propone como alternativa a la “casilla de la Iglesia”); y las aportaciones voluntarias de las administraciones públicas. En resumen, Podemos propone que todo el mecenazgo pase por el Fondo Social de la Cultura y que sea éste el que decida en qué proyectos culturales invertir, con la intención de dotarlo de mayor versatilidad y cubrir un mayor rango de actividades. La propuesta de Podemos puede resultar polémica y debería al menos suscitar un cierto debate, ya que apunta a una gestión pública (con la participación de agentes sociales) del capital privado; o sea, decirle a las empresas dónde tienen que gastar su dinero. Obviamente, ningún gobierno rechazará una aportación de capital privado a iniciativas culturales elegidas por los propios mecenas, pero en ese caso el programa de Podemos no deja claro si podrían acogerse a los beneficios fiscales. Podemos parece tener una visión muy negativa del mecenazgo actual, al considerarlo “ligado a intereses privados, particulares o corporativos”.
Ciudadanos: Tan breve como PSOE y PP, Ciudadanos tan sólo aboga por aprobar una Ley de Mecenazgo y Micromecenazgo, incluyendo bonificaciones para la exportación de productos culturales y la “acción cultural exterior”.
INSTITUCIONES CULTURALES
Aquí es donde más diferencias existen entre los cuatro principales partidos, especialmente en Podemos, que propone una revolución en el modo de gestionar la cultura desde las instituciones públicos. Todos los partidos menos el PP están de acuerdo en recuperar el Ministerio de Cultura, englobado en el de Educación con el Gobierno del PP.
PP: El partido de Mariano Rajoy propone crear una Red Cultural Integrada de las Administraciones Públicas, sin aclarar de qué se trata, e impulsar el Museo ARQUA de Cartagena como promesa específica, además de dotar al Museo Arqueológico Nacional de una ley propia. Pero donde el PP se ha centrado es en el Instituto Cervantes y en la enseñanza del español y las lenguas de España, tanto dentro como fuera del país, y en este aspecto es donde pueden apreciarse medidas concretas, como la creación de certificados internacionales para los idiomas de comunidades con lengua propia, la expansión internacional del español a través del Instituto Cervantes, potenciar España como destino para el aprendizaje del español y el nombramiento del año 2016 como Año Internacional del Español -una propuesta estrambótica, pues para cuando se forme gobierno ya apenas quedará tiempo de hacer nada-. Ni una palabra sobre recuperar el Ministerio de Cultura, así que es de suponer que la intención del PP es dejar las cosas como están.
Ciudadanos: En primer lugar, el partido de Albert Rivera quiere recuperar el Ministerio de Cultura, pero manteniendo una estrecha relación con el de Educación para fomentar políticas que afectan directamente a la cultura, como las relacionadas con la propiedad de los derechos intelectuales. Ciudadanos también apuesta por el Instituto Cervantes, hasta el punto de proponer una estrategia tan ambiciosa como irrealizable: implantar el centro de estudios en todos los países de habla hispana, lo que incluiría costosas inversiones en países como Andorra o Guinea Ecuatorial. Ciudadanos ampliaría el presupuesto del Instituto Cervantes y promete nombrar a sus gestores con criterios exclusivamente técnicos.
PSOE: Además de reinstaurar el Ministerio de Cultura, el PSOE propone un órgano de nueva creación, el Consejo de Cultura, en el que estarían integrados -sin aclarar cómo- los creadores, las industrias y las administraciones, con el objetivo de facilitar la coordinación y elaborar informes sobre el estado del sector. El Instituto Cervantes también obtienen la atención de Pedro Sánchez, que pretende que a través de él se enseñen las lenguas oficiales de España (no sólo el castellano, sino también el gallego, el euskera y el catalán) fuera y dentro de nuestras fronteras.
Unidos Podemos: Como un elefante en una cacharrería. La propuesta de Podemos en materia de instituciones culturales es la más radical de todas y supone un cambio de modelo en la gestión de las administraciones implicadas, en consonancia con la línea ideológica del partido. Así, la formación de Pablo Iglesias pretende no sólo reformar las que ya existen (recuperando, también, el Ministerio de Cultura, que además sería de Comunicación), sino incorporar otras nuevas. El catálogo de nuevas instituciones es amplio y singular, pero las que más llaman la atención son la Asamblea de Profesionales de la Cultura, un interlocutor con el Gobierno formado por innumerables comisiones; el Observatorio Ciudadano de la Cultura, para vigilar el desarrollo de las actuaciones culturales; la Dirección General de la Cultura Digital, con unos confusos objetivos que incluyen, a su vez, la creación de otro organismo, la Plataforma Pública de Cultura Abierta (PLACA), para difundir contenidos digitales de modo gratuito -y legal, por supuesto- de los creadores que así lo soliciten; o la oficina estable EsCultura, que pretende coordinar a un variopinto grupo de organismos que actúan en el extranjero incluso aunque no dependan del estado, como el Institut Ramon Llull (el equivalente catalán del Cervantes).
